Azuela mintió sobre la existencia de los fideicomisos, acusan diputados

La Dirección de Asuntos Jurídicos de la Corte negó que hubiera pensiones millonarias
La Comisión de Seguridad Social de San Lázaro le había solicitado información

ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MENDEZ
La Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados acusó de mentir al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Mariano Azuela Güitrón, porque éste negó la existencia de los fideicomisos que dan sustento a las pensiones millonarias de los ex integrantes del Poder Judicial.

Tal circunstancia se acredita con las misivas -de las cuales este diario posee copias- mediante las cuales el presidente de la comisión camaral, Miguel Alonso Raya, solicitó al ministro Azuela la información del acuerdo tomado en la Judicatura Federal para otorgar pensiones vitalicias con recursos provenientes de los fideicomisos creados con recursos públicos, y éste le respondió brevemente que la petición recibiría respuesta de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la SCJN, a lo que esa instancia a su vez le replicó con una negativa. ''No es verídico lo afirmado'', se dijo entonces.

El 21 de abril de 2004, el presidente de la comisión camaral envió una carta al titular de la Suprema Corte para solicitarle una explicación del acuerdo asumido por el pleno de la Judicatura Federal para asignar a sus integrantes una pensión vitalicia al haber concluido su labor.

Los argumentos del representante perredista referían que la discusión en torno al tema de los elevados montos de las pensiones destinadas a los ministros de la Corte no era nueva, y por tal razón, ''como es de su conocimiento, hay en este momento un amplio debate sobre los temas de los sistemas de seguridad social y de los regímenes de pensiones de nuestro país. De estos temas se ocupa el Congreso de la Unión, y particularmente la Comisión de Seguridad Social; es por eso que me dirijo a usted para solicitarle que haga llegar a esta comisión la información al respecto, a fin de tener los datos precisos que nos sean útiles para los objetos que estamos realizando''.

Seis días después, el presidente de la Suprema Corte envió una breve respuesta al diputado perredista, remitiéndolo a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la SCJN. ''Respetable diputado. En atención a su misiva, a través de la cual solicita que le sea proporcionada la información relativa al acuerdo que, según señala, fue dictado por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se establece asignar a sus integrantes una pensión vitalicia al concluir su encargo, le informo que he solicitado al licenciado Eduardo Villarreal Moro, director de Asuntos Jurídicos, atienda su petición y en caso de ser procedente conforme a derecho le haga llegar los documentos que requiere''.

Con la anuencia del presidente de la Suprema Corte, la dirección general mencionada, a través de la licenciada Rebeca López Hernández, negó el acuerdo del pleno de la Judicatura Federal, y desmintió la información publicada entonces. ''Desde la emisión del acuerdo general 22/2003 del pleno de la Judicatura Federal, que establece el régimen de pensión jubilatoria de los consejeros integrantes del propio cuerpo colegiado, y del diverso que revoca a éste, no ha sido expedido ningún acuerdo mediante el cual se establezca régimen alguno de pensiones para los integrantes de esta institución. En este sentido, con relación a la publicación, es necesario destacar que no es verídico lo afirmado, disponiéndose únicamente de la información mencionada, y de la cual usted tiene noticia''.

Las respuestas, tanto del ministro presidente como de su Dirección de Asuntos Jurídicos, reveladas por Alonso Raya, propiciaron de éste un señalamiento directo contra Mariano Azuela. ''El titular de la Suprema Corte miente, porque la existencia de los fideicomisos que sustentan a las exorbitantes pensiones de los ministros, magistrados y jueces, ya operaban desde 1999, y él lo sabía. También estuvo enterado de la firma del acuerdo en la Judicatura Federal, y ese arreglo inconfesable se basó en los millonarios fideicomisos que constituyó ilegalmente el Poder Judicial con el dinero sobrante de sus presupuestos anuales''.

Y es que las irregularidades, que desde hace años se suscitaron alrededor del Poder Judicial por las pensiones de privilegio para sus miembros, volvieron a tomar vigencia. Apenas el pasado 12 de agosto el pleno de la Judicatura Federal volvió a tomar un acuerdo igualmente dudoso. Desde hace más de dos semanas, los magistrados de circuito y los jueces son sujetos beneficiarios de los retiros millonarios.

''Su trayectoria debe ser recompensada''
En este último acuerdo, el argumento central fue el siguiente: ''Deben de ser recompensados de tal manera que cuando se vean obligados a retirarse del servicio activo tengan la seguridad de que la fiel dedicación a su alta función jurisdiccional y su recta actuación en la autonomía e independencia de sus decisiones, están respaldadas no sólo por la inamovilidad de sus cargos y remuneraciones actuales, sino por condiciones de jubilación y retiro que les permitan vivir una vez concluida su carrera judicial, con el decoro y la dignidad que el desempeño honesto, responsable y valiente en sus cargos les merecen''.

Los montos de las pensiones extras autorizadas por la Judicatura Federal para magistrados y jueces se ubican entre 70 y 100 por ciento de los sueldos que perciban a la hora del retiro, con montos promedio de 80 mil pesos al mes. No obstante, la pensión oficial que el ISSSTE prevé para los integrantes del Poder Judicial se ubica en los 10 salarios mínimos vigentes.
La diferencia entre los 80 mil pesos promedio para magistrados y jueces al mes como pensión, proveniente de los recursos administrados por los fideicomisos ilegales, y los 13 mil 500 pesos del retiro que mes a mes les otorga el ISSSTE, es de 600 por ciento.

© La Jornada, Jueves 25 de agosto de 2005.

Cuestionan ministros a Azuela por oscuro manejo de 11 fideicomisos

JESUS ARANDA
El pasado lunes, en sesión privada, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Mariano Azuela Güitrón, fue cuestionado por algunos de sus compañeros por la falta de claridad con la que se manejan 11 fideicomisos, integrados con los recursos presupuestales sobrantes de años anteriores, y por los señalamientos de diputados de la Comisión de Seguridad Social respecto de que la Corte ''viola la ley'' para quedarse ilícitamente con recursos para pagar las millonarias pensiones de ministros, magistrados y jueces en situación de retiro.

''¡Es muy grave lo que está pasando!'', comentaron al menos dos magistrados, quienes aceptaron que este tipo de escándalos ha dañado la imagen de la Corte en los últimos meses.

Además, algunos afirman que hay una sombra de inconstitucionalidad sobre las cuantiosas pensiones que reciben los ministros jubilados que dejaron su cargo antes de la reforma constitucional de 1994, en razón de que su monto no fue aprobado por una ley, sino por un acuerdo de pleno.

Piden la intervención de la ASF
Trascendió que hay quienes consideran que ''la única forma de poner fin a las críticas por la forma en que la Suprema Corte maneja sus recursos'' es que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revise los 11 fideicomisos denunciados y se regresen a la Tesorería de la Federación los recursos ''sobrantes'' de cada ejercicio fiscal que termina.

El fideicomiso que tiene que ver con el pago de pensiones (46574) suma al 30 de junio pasado un total de mil 884 millones 280 mil 534 pesos, e incluye 114 mil 292 pesos producto de ''ingresos extraordinarios por renta de espacios de máquinas expendedoras de alimentos y bebidas''.

El pasado fin de semana La Jornada publicó que la Corte integró los 11 fideicomisos con los recursos que no reintegra a la Tesorería, lo que violenta los decretos de presupuestos anuales aprobados por la Cámara de Diputados, según los diputados Miguel Alonso Raya, Alfonso Ramírez Cuéllar y Francisco Carrillo Soberón, donde se establece la periodicidad de un año para gastar los montos asignados y, en caso de lograr ahorros, éstos retornen a las arcas federales.
Legisladores de la Comisión de Salud denunciaron el acuerdo general aprobado por el pleno en 2003, bajo la presidencia de Azuela, que regula las pensiones complementarias de magistrados y jueces de distrito, el cual llega a representar hasta 80 por ciento de los ingresos netos mensuales de los juzgadores federales, cantidad adicional a la pensión del ISSSTE a la que tienen derecho. Además, denunciaron que el principal beneficiario de ese esquema de jubilación es precisamente el ministro presidente, quien recibirá al dejar su cargo una suma superior a los 4 millones 200 mil pesos por concepto de pensión anual.

Trascendió que los ministros Juan Silva Meza y Olga Sánchez Cordero cuestionaron la forma como la Suprema Corte ha manejado dichos fideicomisos, lo que ha colocado al máximo tribunal en una situación difícil ante la opinión pública.

En privado hay quienes reconocen que la imagen negativa del máximo tribunal y su presidente se dio a partir de que Azuela fue identificado con la intención gubernamental de desaforar a Andrés Manuel López Obrador, a lo que se sumó el voto de la Corte en favor del presidente Vicente Fox en las controversias constitucionales sobre el Presupuesto 2005, y sobre los créditos irregulares del Fobaproa, en la que los ministros limitaron además la labor de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación.

Cabe señalar que el acuerdo general en el que los magistrados modificaron los términos de los ministros jubilados antes de la reforma de 1994, fue considerado en su momento como ''inconstitucional'' por Genaro Góngora Pimentel, quien fue el único que se opuso a que la Suprema Corte ''legislara'' en materia de pensiones, cuando no tiene facultades para ello, y es que según el acuerdo presidencial que estableció las pensiones de los ministros que dejaron el cargo en 1994 -sólo Azuela y Juan Díaz Romero repitieron-, quienes pasaron a retiro tienen derecho a recibir 100 por ciento de su sueldo por dos años, y después 80 por ciento. Pero lo que aprobaron los ministros fue que los 18 magistrados que dejaron su cargo antes de la reforma homologaran su pensión con los otros 23, pero además, que ésta se fijara conforme el salario de los ministros actuales, lo cual implica un costo millonario para las arcas de la judicatura federal.

Las ''economías''
Para financiar la pesada carga de las jubilaciones, el primer presidente de la ''nueva Corte'', José Vicente Aguinaco Alemán, previó la creación del fideicomiso 46574, que contó con un aporte inicial de 155 millones de pesos, provenientes de las llamadas ''economías'', que no eran otra cosa que los recursos ''ahorrados'' por el Poder Judicial Federal y que no enteraron a la Federación durante muchos años.

De acuerdo con la más reciente información sobre los fideicomisos, publicada en la página de Internet de la SCJN, el fideicomiso 46574 es el que cuenta con más recursos, con mil 884 millones 280 mil 534 pesos al 30 de junio pasado.

Sin embargo, la información sobre los otros fideicomisos que aparecen publicados (114952, 142105, 142121, 142113, 143489 y 148172) no precisa los fines de éstos, solamente menciona como ingresos la venta de publicaciones oficiales y discos compactos, que suman más de 600 millones de pesos, así como los egresos, entre los que destacan: 224 mil 682 pesos por concepto de pensiones mensuales ''vitalicias'' complementarias a las otorgadas al ISSSTE; 396 mil 499 pesos por el pago de gastos médicos extraordinarios al personal de la Corte, y 6 mil 979 millones 812 mil pesos por publicaciones oficiales y comisiones bancarias.

Según fuentes oficiales, con la llegada de Mariano Azuela a la presidencia de la Suprema Corte se fortaleció la figura de los fideicomisos, que sirven hasta la fecha como verdaderas ''cajas chicas de ahorro'', y que en los hechos sustituyeron a las ''economías'', lo que ha no sido del agrado de todos los integrantes del pleno.

Miércoles 24 de agosto de 2005
© La Jornada, DEMOS, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V.

La Jornada, Jueves 18 de agosto de 2005

La Policía Federal, Pemex, Aduanas, PGR, CFE e IMSS, entre las más corruptas
IP paga sobornos a autoridades por $120 mil millones al año
Diagnóstico elaborado por el CEESP a petición de la Secretaría de la Función Pública
Sesenta y seis por ciento de las empresas aceptarían pagar dádivas a cambio de contratos

DAVID ZUÑIGA

Las empresas mexicanas gastan alrededor de 120 mil millones de pesos al año en sobornos a las autoridades federales, estatales y municipales, así como a legisladores, informó ayer el director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), Mario Rodarte, al presentar la Encuesta de gobernabilidad y desarrollo empresarial 2005.

El diagnóstico, elaborado a petición de la Secretaría de la Función Pública (SFP), señala que las dependencias federales más corruptas son la Policía Federal (judicial y preventiva), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Administración General de Aduanas, la Procuraduría General de la República (PGR), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Energía. La Presidencia de la República figura en el último lugar en una lista de 17 entidades con una puntuación de cuatro en una escala donde uno es "honesta" y siete es "deshonesta".

Además, reconoce que las corruptelas son más frecuentes entre las grandes empresas, con una incidencia de 25 por ciento.

La industria en la que se detectaron más irregularidades fue en la construcción, que ha sido la de mayor crecimiento durante la actual administración.

Además, entre los empresarios existe la impresión de que el Poder Judicial no es confiable, no contribuye a resolver conflictos ni aplica las leyes por igual a todas las empresas.

Según el sondeo, elaborado entre 2 mil 650 empresas de distinto tamaño y de todo el país, las instituciones con peor servicio al público son las corporaciones policiacas, los juzgados y agencias del Ministerio Público y el IMSS, y las mejor calificadas fueron los dictaminadores de Protección Civil, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Las entidades federativas consideradas más corruptas son Guerrero, con una calificación de 2.58 en una escala de uno a siete, Baja California (2.19), el Distrito Federal (2.09), Nayarit (2.08) y el estado de México (2.05). Las mejor calificadas son Campeche (1.33), Colima (1.39), y Baja California Sur (1.43).

Sin embargo, en Hidalgo 53 por ciento de los negocios hace pagos ilícitos para influir en el contenido de nuevas leyes políticas y regulaciones; le siguen Tabasco, con 41 por ciento; Zacatecas, con 38 por ciento, y el Distrito Federal, con 33 por ciento.

Mario Rodarte explicó que, a escala internacional, México tiene una calificación de 3.6 en una escala de uno a 10, y aunque ha mejorado en años recientes sigue reprobado.

Veinte por ciento reconoció que hace "pagos extraoficiales" para influir en el contenido de nuevas leyes, políticas y regulaciones, y que estos sobornos equivalen en promedio a 6 por ciento de sus ingresos anuales.

Asimismo, 20 por ciento declaró haber participado en licitaciones públicas y concursos para obtener contratos; una cuarta parte de este grupo afirma haber detectado diversas irregularidades, por ejemplo, que se necesita pagar sobornos para ganar (21 por ciento), que el resultado depende de los "contactos" que se tengan en la dependencia (27 por ciento) y que la asignación ya estaba arreglada de antemano (22 por ciento).

A pesar de que se quejan de la corrupción, 66 por ciento de las empresas reconocieron estar dispuestas a dar un pago clandestino para asegurar una licitación.

En cuanto a la corrupción burocrático administrativa, el documento detalla que 13 por ciento de las empresas sobornó a funcionarios federales, 10 por ciento a estatales y 11 por ciento a municipales para influir en sus decisiones y modificar la aplicación de leyes, políticas o regulaciones, u obtener contratos, concesiones, decisiones judiciales favorables o simplemente para ahorrar tiempo al hacer trámites.

Una de las corruptelas más frecuentes consiste en sobornar a funcionarios del IMSS para que alteren u omitan información sobre las condiciones de seguridad en que laboran los trabajadores.
El CEESP calcula que 34 por ciento de las empresas destina a estas dádivas el equivalente a 6 por ciento de sus ingresos.

El análisis destaca que para 57 por ciento de los negocios encuestados los trámites burocráticos cuestan el equivalente a 10 por ciento de la nómina.

Asimismo, consideran que las corporaciones policiacas y las procuradurías de justicia son las instituciones peor calificadas en los tres niveles de gobierno.

En los estados las secretarías de Vialidad y Transporte, Desarrollo Urbano, Promoción Económica y Tesorería son vistas como las más deshonestas, y en los municipios son las secretarías de Obras Públicas, la Tesorería y el catastro

Inseguridad, principal obstáculo al desarrollo
Desde la perspectiva de los empresarios, la inseguridad (robos, secuestros y otros crímenes) son el principal obstáculo para el desarrollo del país, seguida de la piratería, la economía informal, los sindicatos y la política fiscal.

Otros frenos son los monopolios de empresas públicas, principalmente Pemex y la CFE, y los oligopolios privados (a los cuales no identificó) en el sector telecomunicaciones.

A pregunta expresa, Rodarte señaló que la aprobación de la nueva Ley Federal de Competencia puede contribuir a solucionar esta situación, al darle a la Comisión Federal de Competencia mayores atribuciones para combatir prácticas anticompetitivas como la colusión entre empresas para fijar precios.

Las perspectivas tampoco son alentadoras: 20 por ciento de los negocios entrevistados confía en que la corrupción disminuirá, pero 30 por ciento prevé que el problema se agudizará.

© DEMOS, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V.

Costará $2 millones descuido del SIAPA

Grupo Reforma
Guadalajara, México (19 agosto 2005).- Un total de 24 casas, cinco vehículos y tres calles con afectaciones fueron los daños oficiales que dejó la marejada ocurrida el domingo en la Colonia Residencial El Tapatío por fallas operativas del SIAPA.
Además entre 2 mil y 5 mil personas por el momento no están recibiendo agua con la suficiente presión para que suba a sus tinacos lo que padecerán unos días más hasta que quede funcionando el macrotanque de agua, de acuerdo al gerente técnico del SIAPA, José Luis Hernández Amaya.
El funcionario aseguró que hasta el momento llevan 50 por ciento de avance en reparar los daños y que el costo de las afectaciones ronda los 635 mil pesos, dinero que desembolsará el SIAPA, pero que sería devuelto por una aseguradora.Además se calcula, de forma preliminar, que reparar el tanque, poner un sistema automatizado, cámaras para seguridad y reparar una barda, entre otros trabajos, costará cerca de 2 millones de pesos más.
Por la mañana este funcionario sostuvo una reunión con los vecinos afectados a quienes les informó que las reparaciones quedarían listas en una semana más.Ante cerca de 100 personas, descartó que el sitio sea de riesgo por los escurrimientos del macrotanque ubicado en la parte más alta de la colonia, y aseguró que se implementarán cinco distintos controles de seguridad en el lugar, entre ellos la instalación de sistemas de alarmas para avisar de cualquier peligro y cámaras de vídeo que serán monitoreadas desde las oficinas centrales.
El domingo se colapsó una pared del macrotanque Las Huertas, estructura que sirve para almacenar agua que luego es distribuida a las colonias de la zona sur de la ciudad. El accidente se debió a un descuido en la operación de las válvulas de control de llenado y un taponamiento.
Este macrotanque fue inaugurado apenas el 7 de octubre del 2004 y no se instalaron sistemas automáticos para las válvulas de control de llenado, sistema que, aseguran en el SIAPA, ahora sí van a colocar.
Técnicos del SIAPA realizaron ya una serie de revisiones al macrotanque para asegurarse que no generará más problemas, de acuerdo a Hernández Amaya, quien señaló que los tanques están en buen estado.
Para solucionar el problema de la falta de presión en el servicio de agua, que están padeciendo un par de colonias cercanas a la barranca, Julio Agraz, gerente de Agua Potable y Alcantarillado del SIAPA, dijo que se están haciendo una serie de interconexiones emergentes que estarán listas a la brevedad, y que en los próximos días volverá a funcionar el macrotanque, aunque la automatización no podrá ser inmediata.

Por Sergio Hernández y Vania de DiosCopyright © Grupo Reforma Servicio Informativo

Oscura transparencia

Por Javier Hurtado/Mural

Pareciera verdad de Perogrullo, pero no está de más recordarlo: no puede ser transparente lo que es oscuro; la luz, o la revelación evidente sólo puede ser producto de la razón; y la transparencia sólo puede existir en el iluminismo o en la iluminación. Por eso al Siglo 18 se le conoce como el Siglo de las Luces o del Iluminismo, al caracterizarse por el uso de la razón y del método científico para la explicación de la realidad política y social aplicados a la búsqueda del progreso humano.

Esto viene a cuento debido a que en nuestro País las políticas de transparencia en los asuntos gubernamentales, implantadas a partir de la entrada en vigor de la ley federal de la materia, en junio de 2002, parecen estar acompañadas justamente de lo contrario: oscurantismo, discrecionalidad y ausencia del más elemental uso de la recta razón. Si bien es cierto que desde entonces se puede acceder a cierta información que anteriormente no se proporcionaba, tan bien lo es que desde esa fecha alguna información gubernamental que con anterioridad era considerada como tal (sin adjetivo adicional), ahora tiene el calificativo de "reservada", "confidencial" o "personal", volviendo secreto lo que antes era público.

Es por esto, que en México la llegada de la Transparencia significó también el advenimiento de nuevas castas de privilegiados y el incremento de la discrecionalidad e impunidad en las decisiones de algunos gobernantes: Así, han hecho su irrupción en el escenario: 1.- Los Transparentistas: aquéllos que viven de invocar la transparencia (como los espiritistas lo hacen respecto a los espíritus) ante creyentes e incautos; 2.- Los Transparentólogos, miembros de los Organismos o Comisiones de Transparencia que por pericia o resignación ocultan información o justifican acciones oscuras e irregulares de las autoridades; y 3.- Los Transas, los que impunemente hacen negocios mediante decisiones gubernamentales tenebrosas y extrañas, justificándose en el discurso de la transparencia y con el apoyo de los transparentistas y los transparentólogos.

El problema es que de una manera u otra todo lo anterior está presente en la realidad mexicana. Veamos:
1.- En el colmo del retroceso a que se hace referencia, la Secretaría de Educación Pública clasificó como "información reservada" el proceso de Reforma Integral de la Educación Secundaria que a manera de "prueba piloto" iniciará el próximo lunes en 150 escuelas del País, basándose precisamente en la fracción sexta del artículo 14 de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública y Gubernamental que establece que será tal aquella información que sea producto de deliberaciones, opiniones o recomendaciones de los servidores públicos, en tanto dicha política no sea adoptada como "decisión definitiva". Aquí, cabe preguntarse cuántos otras políticas de otras dependencias no caen también en el rubro de "reservadas" por estar "en proceso deliberativo" (como si no fuera precisamente ése el método natural de formulación de las políticas públicas en una democracia); y si no hubiera sido más fácil su obtención de no existir la mencionada ley, y tan solo solicitarla invocando el artículo 8 de la Constitución.

2.- Otro problema es el de la discrecionalidad que ampara nuestra ley de transparencia: cuando la norma no es precisa en cuanto a la información que debe ser considerada como reservada o confidencial es atribución de los transparentólogos (comisionados del Instituto Federal de de Acceso a la Información IFAI) definirla y "proteger los datos personales" de los servidores públicos. Así, el pasado 27 de julio los comisionados del IFAI, en sesuda discusión en torno a si se deben proporcionar o no las fotos de los funcionarios públicos, el comisionado Alonso Lujambio (ex consejero general del IFE), argumentó: "En un País donde por desgracia todavía, a veces de manera difusa, en nuestro lenguaje y prácticas sociales somos tan racistas, la fotografía implica la revelación de esos rasgos, cuando son un dato que en ese sentido podría entenderse como personal o estrictamente reservado, confidencial". Como se ve, aquí la transparencia es contraria a la razón y la iluminación: si de manera "difusa" somos tan "racistas", entonces éste no es un rasgo fuerte ni generalizado de nuestras prácticas sociales, y por lo tanto, no se justifica dicha negativa; y, si el servicio público es precisamente público y realizado por personas que tienen un rostro, si no autorizan proporcionar la fotografía de ellos, entonces que les pongan capucha o máscara cuando estén en sus labores.

Casualmente el sustentante de esta tesis de transparencia es hermano de Sergio Lujambio Irazábal, director editorial de la casa editora Norma, que censuró la publicación del libro "La Familia Presidencial. El Gobierno del Cambio Bajo Sospecha de Corrupción", de Anabel Hernández y Arelí Quintero, por considerarlo polémico y que les podía implicar perder contratos con la SEP. A su vez, ambos son hermanos de José María, director de área en la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y quien, con argumentos jurídicos, previamente opinó sobre si se debía o no publicar ese libro. Saque usted sus conclusiones amable lector.

Finalmente, el caso de la compra por parte del Ayuntamiento Guadalajara de 550 patrullas a una empresa que desde Abril "adivinó" las características de la licitación y arriesgó 120 millones de pesos en dicho negocio, viene a cerrar con broche de oro lo antes afirmado. El transparentólogo Jesús Gómez Fragoso, presidente del rimbombante Consejo para la Transparencia y Ética Pública de Guadalajara, justificó así la decisión: "Para nosotros no fue transparente el procedimiento, (pero) qué ganamos con exigir la revocación, sería un costo muy alto, y no estamos seguros de que legalmente proceda, no podemos hacer más". A su vez, el transa Presidente Municipal Emilio González Márquez, desde una semana antes ya había sentenciado: "A lo que van a llegar es a decir que es un proceso transparente y apegado a reglamentos".

Ante todo esto, la pregunta obligada es: ¿qué no estaríamos mejor los ciudadanos sin leyes de transparencia, organismos, Consejos y Comisiones de Transparencia?

Copyright © Grupo Reforma Servicio Informativo
http://www.mural.com/edicionimpresa/notas/050817/editoriales/328924.htm
Fecha de publicación: 2005-08-17