Oscura transparencia
Por Javier Hurtado/Mural
Pareciera verdad de Perogrullo, pero no está de más recordarlo: no puede ser transparente lo que es oscuro; la luz, o la revelación evidente sólo puede ser producto de la razón; y la transparencia sólo puede existir en el iluminismo o en la iluminación. Por eso al Siglo 18 se le conoce como el Siglo de las Luces o del Iluminismo, al caracterizarse por el uso de la razón y del método científico para la explicación de la realidad política y social aplicados a la búsqueda del progreso humano.
Esto viene a cuento debido a que en nuestro País las políticas de transparencia en los asuntos gubernamentales, implantadas a partir de la entrada en vigor de la ley federal de la materia, en junio de 2002, parecen estar acompañadas justamente de lo contrario: oscurantismo, discrecionalidad y ausencia del más elemental uso de la recta razón. Si bien es cierto que desde entonces se puede acceder a cierta información que anteriormente no se proporcionaba, tan bien lo es que desde esa fecha alguna información gubernamental que con anterioridad era considerada como tal (sin adjetivo adicional), ahora tiene el calificativo de "reservada", "confidencial" o "personal", volviendo secreto lo que antes era público.
Es por esto, que en México la llegada de la Transparencia significó también el advenimiento de nuevas castas de privilegiados y el incremento de la discrecionalidad e impunidad en las decisiones de algunos gobernantes: Así, han hecho su irrupción en el escenario: 1.- Los Transparentistas: aquéllos que viven de invocar la transparencia (como los espiritistas lo hacen respecto a los espíritus) ante creyentes e incautos; 2.- Los Transparentólogos, miembros de los Organismos o Comisiones de Transparencia que por pericia o resignación ocultan información o justifican acciones oscuras e irregulares de las autoridades; y 3.- Los Transas, los que impunemente hacen negocios mediante decisiones gubernamentales tenebrosas y extrañas, justificándose en el discurso de la transparencia y con el apoyo de los transparentistas y los transparentólogos.
El problema es que de una manera u otra todo lo anterior está presente en la realidad mexicana. Veamos:
1.- En el colmo del retroceso a que se hace referencia, la Secretaría de Educación Pública clasificó como "información reservada" el proceso de Reforma Integral de la Educación Secundaria que a manera de "prueba piloto" iniciará el próximo lunes en 150 escuelas del País, basándose precisamente en la fracción sexta del artículo 14 de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública y Gubernamental que establece que será tal aquella información que sea producto de deliberaciones, opiniones o recomendaciones de los servidores públicos, en tanto dicha política no sea adoptada como "decisión definitiva". Aquí, cabe preguntarse cuántos otras políticas de otras dependencias no caen también en el rubro de "reservadas" por estar "en proceso deliberativo" (como si no fuera precisamente ése el método natural de formulación de las políticas públicas en una democracia); y si no hubiera sido más fácil su obtención de no existir la mencionada ley, y tan solo solicitarla invocando el artículo 8 de la Constitución.
2.- Otro problema es el de la discrecionalidad que ampara nuestra ley de transparencia: cuando la norma no es precisa en cuanto a la información que debe ser considerada como reservada o confidencial es atribución de los transparentólogos (comisionados del Instituto Federal de de Acceso a la Información IFAI) definirla y "proteger los datos personales" de los servidores públicos. Así, el pasado 27 de julio los comisionados del IFAI, en sesuda discusión en torno a si se deben proporcionar o no las fotos de los funcionarios públicos, el comisionado Alonso Lujambio (ex consejero general del IFE), argumentó: "En un País donde por desgracia todavía, a veces de manera difusa, en nuestro lenguaje y prácticas sociales somos tan racistas, la fotografía implica la revelación de esos rasgos, cuando son un dato que en ese sentido podría entenderse como personal o estrictamente reservado, confidencial". Como se ve, aquí la transparencia es contraria a la razón y la iluminación: si de manera "difusa" somos tan "racistas", entonces éste no es un rasgo fuerte ni generalizado de nuestras prácticas sociales, y por lo tanto, no se justifica dicha negativa; y, si el servicio público es precisamente público y realizado por personas que tienen un rostro, si no autorizan proporcionar la fotografía de ellos, entonces que les pongan capucha o máscara cuando estén en sus labores.
Casualmente el sustentante de esta tesis de transparencia es hermano de Sergio Lujambio Irazábal, director editorial de la casa editora Norma, que censuró la publicación del libro "La Familia Presidencial. El Gobierno del Cambio Bajo Sospecha de Corrupción", de Anabel Hernández y Arelí Quintero, por considerarlo polémico y que les podía implicar perder contratos con la SEP. A su vez, ambos son hermanos de José María, director de área en la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y quien, con argumentos jurídicos, previamente opinó sobre si se debía o no publicar ese libro. Saque usted sus conclusiones amable lector.
Finalmente, el caso de la compra por parte del Ayuntamiento Guadalajara de 550 patrullas a una empresa que desde Abril "adivinó" las características de la licitación y arriesgó 120 millones de pesos en dicho negocio, viene a cerrar con broche de oro lo antes afirmado. El transparentólogo Jesús Gómez Fragoso, presidente del rimbombante Consejo para la Transparencia y Ética Pública de Guadalajara, justificó así la decisión: "Para nosotros no fue transparente el procedimiento, (pero) qué ganamos con exigir la revocación, sería un costo muy alto, y no estamos seguros de que legalmente proceda, no podemos hacer más". A su vez, el transa Presidente Municipal Emilio González Márquez, desde una semana antes ya había sentenciado: "A lo que van a llegar es a decir que es un proceso transparente y apegado a reglamentos".
Ante todo esto, la pregunta obligada es: ¿qué no estaríamos mejor los ciudadanos sin leyes de transparencia, organismos, Consejos y Comisiones de Transparencia?
Copyright © Grupo Reforma Servicio Informativo
http://www.mural.com/edicionimpresa/notas/050817/editoriales/328924.htm
Fecha de publicación: 2005-08-17
Por Javier Hurtado/Mural
Pareciera verdad de Perogrullo, pero no está de más recordarlo: no puede ser transparente lo que es oscuro; la luz, o la revelación evidente sólo puede ser producto de la razón; y la transparencia sólo puede existir en el iluminismo o en la iluminación. Por eso al Siglo 18 se le conoce como el Siglo de las Luces o del Iluminismo, al caracterizarse por el uso de la razón y del método científico para la explicación de la realidad política y social aplicados a la búsqueda del progreso humano.
Esto viene a cuento debido a que en nuestro País las políticas de transparencia en los asuntos gubernamentales, implantadas a partir de la entrada en vigor de la ley federal de la materia, en junio de 2002, parecen estar acompañadas justamente de lo contrario: oscurantismo, discrecionalidad y ausencia del más elemental uso de la recta razón. Si bien es cierto que desde entonces se puede acceder a cierta información que anteriormente no se proporcionaba, tan bien lo es que desde esa fecha alguna información gubernamental que con anterioridad era considerada como tal (sin adjetivo adicional), ahora tiene el calificativo de "reservada", "confidencial" o "personal", volviendo secreto lo que antes era público.
Es por esto, que en México la llegada de la Transparencia significó también el advenimiento de nuevas castas de privilegiados y el incremento de la discrecionalidad e impunidad en las decisiones de algunos gobernantes: Así, han hecho su irrupción en el escenario: 1.- Los Transparentistas: aquéllos que viven de invocar la transparencia (como los espiritistas lo hacen respecto a los espíritus) ante creyentes e incautos; 2.- Los Transparentólogos, miembros de los Organismos o Comisiones de Transparencia que por pericia o resignación ocultan información o justifican acciones oscuras e irregulares de las autoridades; y 3.- Los Transas, los que impunemente hacen negocios mediante decisiones gubernamentales tenebrosas y extrañas, justificándose en el discurso de la transparencia y con el apoyo de los transparentistas y los transparentólogos.
El problema es que de una manera u otra todo lo anterior está presente en la realidad mexicana. Veamos:
1.- En el colmo del retroceso a que se hace referencia, la Secretaría de Educación Pública clasificó como "información reservada" el proceso de Reforma Integral de la Educación Secundaria que a manera de "prueba piloto" iniciará el próximo lunes en 150 escuelas del País, basándose precisamente en la fracción sexta del artículo 14 de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública y Gubernamental que establece que será tal aquella información que sea producto de deliberaciones, opiniones o recomendaciones de los servidores públicos, en tanto dicha política no sea adoptada como "decisión definitiva". Aquí, cabe preguntarse cuántos otras políticas de otras dependencias no caen también en el rubro de "reservadas" por estar "en proceso deliberativo" (como si no fuera precisamente ése el método natural de formulación de las políticas públicas en una democracia); y si no hubiera sido más fácil su obtención de no existir la mencionada ley, y tan solo solicitarla invocando el artículo 8 de la Constitución.
2.- Otro problema es el de la discrecionalidad que ampara nuestra ley de transparencia: cuando la norma no es precisa en cuanto a la información que debe ser considerada como reservada o confidencial es atribución de los transparentólogos (comisionados del Instituto Federal de de Acceso a la Información IFAI) definirla y "proteger los datos personales" de los servidores públicos. Así, el pasado 27 de julio los comisionados del IFAI, en sesuda discusión en torno a si se deben proporcionar o no las fotos de los funcionarios públicos, el comisionado Alonso Lujambio (ex consejero general del IFE), argumentó: "En un País donde por desgracia todavía, a veces de manera difusa, en nuestro lenguaje y prácticas sociales somos tan racistas, la fotografía implica la revelación de esos rasgos, cuando son un dato que en ese sentido podría entenderse como personal o estrictamente reservado, confidencial". Como se ve, aquí la transparencia es contraria a la razón y la iluminación: si de manera "difusa" somos tan "racistas", entonces éste no es un rasgo fuerte ni generalizado de nuestras prácticas sociales, y por lo tanto, no se justifica dicha negativa; y, si el servicio público es precisamente público y realizado por personas que tienen un rostro, si no autorizan proporcionar la fotografía de ellos, entonces que les pongan capucha o máscara cuando estén en sus labores.
Casualmente el sustentante de esta tesis de transparencia es hermano de Sergio Lujambio Irazábal, director editorial de la casa editora Norma, que censuró la publicación del libro "La Familia Presidencial. El Gobierno del Cambio Bajo Sospecha de Corrupción", de Anabel Hernández y Arelí Quintero, por considerarlo polémico y que les podía implicar perder contratos con la SEP. A su vez, ambos son hermanos de José María, director de área en la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y quien, con argumentos jurídicos, previamente opinó sobre si se debía o no publicar ese libro. Saque usted sus conclusiones amable lector.
Finalmente, el caso de la compra por parte del Ayuntamiento Guadalajara de 550 patrullas a una empresa que desde Abril "adivinó" las características de la licitación y arriesgó 120 millones de pesos en dicho negocio, viene a cerrar con broche de oro lo antes afirmado. El transparentólogo Jesús Gómez Fragoso, presidente del rimbombante Consejo para la Transparencia y Ética Pública de Guadalajara, justificó así la decisión: "Para nosotros no fue transparente el procedimiento, (pero) qué ganamos con exigir la revocación, sería un costo muy alto, y no estamos seguros de que legalmente proceda, no podemos hacer más". A su vez, el transa Presidente Municipal Emilio González Márquez, desde una semana antes ya había sentenciado: "A lo que van a llegar es a decir que es un proceso transparente y apegado a reglamentos".
Ante todo esto, la pregunta obligada es: ¿qué no estaríamos mejor los ciudadanos sin leyes de transparencia, organismos, Consejos y Comisiones de Transparencia?
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Fecha de publicación: 2005-08-17
posted by Ismael Ortiz Barba | 11:26 AM
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